La filtración interesada, y con cuentagotas a los medios de comunicación de un sumario declarado secreto, en el que aparecen los nombres de importantes cargos representativos es más que lamentable.
Lo más grave ante esta situación vulneradora de un buen número de derechos fundamentales, es que no se abrió ni se ha abierto diligencia alguna con el objeto de poner fin a estos actos ilegales y de depurar las oportunas responsabilidades.
La presunción de inocencia pierde su razón de ser al quedar expuesta a un juicio paralelo, en el que poco importan los hechos y mucho los juicios de valor, con una absoluta indefensión para los implicados, que al no conocer los hechos no han podido articular defensa alguna, mientras han sido objeto de un juicio paralelo interesado con el fin de desgastar su imagen pública.
En una democracia avanzada como la nuestra, es un auténtico escándalo que determinados medios tengan conocimiento del contenido de un sumario declarado secreto mucho antes que las personas afectadas. Esta forma de actuar es propia de un sistema inquisitorial, muy alejado del sistema acusativo vigente en los estados de derecho.
Es ilegítimo manipular e intentar generar un estado de opinión interesado en la calle utilizando malas artes, pues no sólo socava los derechos de los afectados, sino que también desgasta las instituciones democráticas en las que el ciudadano ha de confiar.
Aquí, los tiempos ha de marcarlos la justicia, ha de ser esta la que dictamine sobre la inocencia o culpabilidad de las personas, y quien ha de probar que los hechos son los que acusan, y una persona es inocente salvo que se demuestre lo contrario.
Todas estas reflexiones nos demuestran que este circo mediático montado desde las mas altas instancias del poder nacional, negociado en una cacería, con el objetivo de desprestigiar la imagen pública y aprovechado por los medios de comunicación a sueldo (que hoy en día son muchos), no tiene otro fin que atacar la imagen pública del President Camps con informaciones sesgadas, manipuladas y dirigidas, para que se someta a su figura a un juicio paralelo que le condene políticamente. Lo verdaderamente triste de este espectáculo, es que se ha vulnerado un buen número de derechos fundamentales y nos muestra el peligro al que estamos sometidos con la forma de gobernar, y de hacer uso de los resortes del poder de que hace gala el PSOE.
Lo cierto además de lo anteriormente expuesto es que también ha quedado en entredicho el principio de separación de poderes, la justicia ha funcionado anormalmente y, lo que es peor, nadie asume responsabilidades mientras el juicio político ya se ha celebrado.
Lo más grave ante esta situación vulneradora de un buen número de derechos fundamentales, es que no se abrió ni se ha abierto diligencia alguna con el objeto de poner fin a estos actos ilegales y de depurar las oportunas responsabilidades.
La presunción de inocencia pierde su razón de ser al quedar expuesta a un juicio paralelo, en el que poco importan los hechos y mucho los juicios de valor, con una absoluta indefensión para los implicados, que al no conocer los hechos no han podido articular defensa alguna, mientras han sido objeto de un juicio paralelo interesado con el fin de desgastar su imagen pública.
En una democracia avanzada como la nuestra, es un auténtico escándalo que determinados medios tengan conocimiento del contenido de un sumario declarado secreto mucho antes que las personas afectadas. Esta forma de actuar es propia de un sistema inquisitorial, muy alejado del sistema acusativo vigente en los estados de derecho.
Es ilegítimo manipular e intentar generar un estado de opinión interesado en la calle utilizando malas artes, pues no sólo socava los derechos de los afectados, sino que también desgasta las instituciones democráticas en las que el ciudadano ha de confiar.
Aquí, los tiempos ha de marcarlos la justicia, ha de ser esta la que dictamine sobre la inocencia o culpabilidad de las personas, y quien ha de probar que los hechos son los que acusan, y una persona es inocente salvo que se demuestre lo contrario.
Todas estas reflexiones nos demuestran que este circo mediático montado desde las mas altas instancias del poder nacional, negociado en una cacería, con el objetivo de desprestigiar la imagen pública y aprovechado por los medios de comunicación a sueldo (que hoy en día son muchos), no tiene otro fin que atacar la imagen pública del President Camps con informaciones sesgadas, manipuladas y dirigidas, para que se someta a su figura a un juicio paralelo que le condene políticamente. Lo verdaderamente triste de este espectáculo, es que se ha vulnerado un buen número de derechos fundamentales y nos muestra el peligro al que estamos sometidos con la forma de gobernar, y de hacer uso de los resortes del poder de que hace gala el PSOE.
Lo cierto además de lo anteriormente expuesto es que también ha quedado en entredicho el principio de separación de poderes, la justicia ha funcionado anormalmente y, lo que es peor, nadie asume responsabilidades mientras el juicio político ya se ha celebrado.
